Tanto el Reglamento Orgánico del Municipio (ROM) de Barbará como el de Badía discriminan el español, vulnerando los derechos lingüísticos establecidos por la Constitución
ByB
8-5-2023
Los Reglamentos Orgánicos Municipales (ROM) de los ayuntamientos de Barbará del Vallés y de Badía del Vallés establecen la discriminación del español como lengua de uso habitual de ambos consistorios. La discriminación se impone mediante la fórmula de tratar únicamente a la lengua catalana como “lengua propia”, de lo que se infiere que el castellano es “lengua impropia” en los municipios de Barbará y de Badía, y por lo tanto sujeta implícitamente a menos derechos que la lengua autonómica.
De esta forma tanto el ROM de Barbará como el de Badía vulnera la Constitución española, que establece, en su artículo 3, que el castellano o español es la lengua oficial de España y las otras lenguas autonómicas, como el catalán, son cooficiales en sus respectivas comunidades autónomas. Asimismo los reglamentos de ambas poblaciones vulneran el artículo 14 que determina la igualdad de todos los españoles ante la ley, sin que ningún ciudadano español puede ser discriminado en función de su sexo, raza, ideología, religión o, menos aún, por hablar habitualmente la lengua oficial y común del conjunto de la Nación.
Los ayuntamientos de Barbará y Badía sólo dan información en español si se solicita
Precisamente, en un intento por aparentar cumplir la Constitución, tanto el ROM de Barbará como el de Badía añaden, justo después de su definición excluyente de lengua propia y de uso habitual de la administración municipal, que los ciudadanos también pueden relacionarse con el ayuntamiento en castellano. Sin embargo, la documentación y todo la información municipal sólo se emitirán en español si los ciudadanos “así lo solicitan”.
Es decir que, al contrario que el catalán, el castellano se tiene que pedir expresamente, en lo que representa una clara discriminación contra los castellanohablantes que no tienen, de oficio, la información en su idioma. Y de hecho las informaciones públicas, excluyen sistemáticamente el español como lengua de comunicación habitual. Además, en el ROM del Ayuntamiento de Barberà se especifica que este consistorio tendrá un reglamento de uso de la lengua catalana, pero no así de la lengua española.
Tanto en Barbará como en Badía el castellano es la lengua mayoritaria de la población. Sin bien en Badía la situación es aún más descollante, por cuanto el español es la lengua muy ampliamente preponderante de la ciudadanía, desde su misma creación como ciudad, siendo el catalán comparativamente muy minoritario y hablado fundamentalmente por los funcionarios públicos y en la educación. En el caso de la enseñanza rige el sistema de apartheid lingüístico del castellano llamado eufemísticamente “inmersión”, y que ha sido derogado por la Justicia, que establece un mínimo del 25 por ciento de materias en castellano.
La hipocresía lingüística del PSC y otros grupos: pedir el voto en español para discriminarlo en el poder
La realidad lingüística es, de hecho, admitida implícitamente por los mismos causantes del racismo lingüístico en ambas poblaciones, que usan el castellano con profusión durante el período electoral para conseguir votos. Un ejemplo es la misma alcaldesa de Badía, Eva Menor, del PSC, quien está recurriendo, de forma casi exclusiva al castellano en su campaña electoral. Se trata de la estrategia seguida sistemáticamente por el PSC, en un ejemplo de la proverbial hipocresía lingüística de los socialnacionalistas, que invariablemente piden el voto en español para después discriminarlo cuando están en el poder.
La estrategia de exclusión inconstitucional y supremacista contra el español, sin embargo, no es exclusiva del PSC, porque es seguida también por otras formaciones tanto de ámbito local como regional. Es el caso de la Plataforma Ciutadana per Barberà, que está llevando a cabo su campaña con publicaciones en castellano cuando fue el partido gobernante que impulsó la exclusión del español en el ROM municipal en 2017. De hecho el ROM de Barbará, que instituye el racismo lingüístico oficial en el municipio, ha sido aprobado por todas las fuerzas políticas con representación en el consistorio, con la sola excepción de Ciudadanos.