A partir de hoy, 31 de mayo, todas las escuelas e institutos públicos de Barbará y de Badía del Vallés deberán cumplir con el derecho a la educación bilingüe, garantizada por la Constitución y las sentencias de los tribunales de Justicia. La fecha del 31 de mayo es el límite establecido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que los centros públicos de educación ofrezcan, al menos, un 25 por ciento de sus contenidos en catalán y en español, las dos lenguas oficiales y propias de Cataluña. A la práctica esta medida se traduce en que, como mínimo, una asignatura troncal debe impartirse en español, además de la asignatura de lengua castellana.

En concreto, esto significa que a partir de hoy deben incluir en los proyectos lingüísticos la enseñanza bilingüe, con al menos un 25 por ciento de español, los directores de las escuelas de Barbará de Can Llobet, El Bosc, Can Serra, Miquel Martí i Pol, Elisa Badia, Marta Mata y Pablo Picasso, así como los institutos de bachillerato de La Romànica y Can Planas. Por su parte, en Badía deben garantizar la enseñanza bilingüe los directores de las escuelas La Jota, Las Seguidillas y La Sardana, y los institutos Badia del Vallès y Federica Montseny.

En caso de que los centros no garanticen el derecho a la educación bilingüe, los padres, madres o representantes legales de los alumnos pueden exigir el cumplimiento a los directores de las escuelas e institutos de Barbará y Badía. Si aún así continuase la discriminación del español, los directores pueden ser denunciados ante la Justicia, en tanto que responsables de los proyectos lingüísticos de cada centro.

Precisamente, la responsabilidad de los directores ha sido uno de los puntos conflictivos entre los centros escolares y la Consejería de Educación de la Generalidad, cuyo titular es el consejero Josep González Cambray, de Esquerra Republicana. De hecho, el gobierno de la Generalidad, formado por los partidos nacionalistas ERC y JXCat, ha hecho público un Decreto Ley el lunes 30 de mayo, un día antes del cumplimiento de la fecha límite de la sentencia. Con este Decreto Ley la Generalidad pretende, por un lado, dar apoyo institucional a la vulneración del derecho a la educación bilingüe, y por otro eximir a los directores de los centros públicos de posibles responsabilidades penales ante la Justicia.

La Asamblea para una Escuela Bilingüe denunciará el incumplimiento de la Generalidad del derecho a la educación en catalán y español

Esta maniobra para evitar la educación también en español ha sido denunciada por la Asamblea para una Escuela Bilingüe en Cataluña, entidad que ha llevado a la Justicia la discriminación lingüística en las escuelas de Cataluña, con el apoyo de más de 1.600 familias catalanas. Por ello han hecho público un comunicado en que anuncian que llevarán ante la Justicia el nuevo incumplimiento del gobierno autonómico. En el escrito, avisan de que el Decreto Ley no exime de la obligación del cumplimiento de la sentencia judicial, tanto por parte de los dirigentes de la Generalidad como de los directores de las escuelas e institutos públicos de Cataluña, incluidos los de Barbará y Badía.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia es resultado de la exclusión sistemática, y durante décadas, del castellano como lengua también vehicular, junto al catalán, por parte de los sucesivos gobiernos nacionalistas de la Generalidad. En concreto, la sentencia que establece el mínimo del 25 por ciento de la enseñanza en cada una de las lenguas oficiales es la hecha pública el 16 de diciembre de 2020. Por su parte, el auto de aplicación forzosa de la sentencia ha sido dictaminado por el TSJC el 5 de mayo de 2022.