La huelga contra el español como lengua también vehicular de la enseñanza, junto al catalán, ha tenido un seguimiento muy minoritario durante el paro del 23 de marzo. La huelga ha sido convocada por los sindicatos nacionalistas de la educación USTEC.STEs, COS y SEPC, y ha tenido un seguimiento del 6,49% en al enseñanza pública y un 4,21% en los centros concertados del conjunto de Cataluña, según datos hechos públicos por la Generalitat.

A pesar de estos porcentajes el paro contra la lengua castellana ha contado con el apoyo del Consejero de Educación de la Generalitat Josep González-Cambray (ERC), así como de altos cargos de la estructura educativa, como el rector de la Universidad Autónoma de Cataluña, Javier Lafuente. Se da el caso que González-Cambray ha sido criticado durante las huelgas previas de profesores por decisiones de su consejería como el adelanto del calendario lectivo o las adaptaciones del nuevo currículum escolar.

El Síndic de Greuges con las posturas nacionalistas contra el castellano

A las posturas contra la igualdad del catalán y el castellano en la enseñanza se ha sumado el Síndic de Greuges, Rafael Ribó. El Síndic ha defendido las posturas nacionalistas ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a través de una encuesta que, supuestamente, demuestra que ya se está cumpliendo con el mínimo de 25 % de español. Ribó llega a esta conclusión con datos como la lengua que hablan los alumnos en el patio, en sus relaciones interpersonales o de forma informal con algunos profesores. El defensor del pueblo catalán se aferra a los usos extraacadémicos para asegurar que la aplicación de la sentencia supondría elevar la proporción de español en la escuela hasta un 35%. Precisamente este trabajo del Síndic ha sido esgrimido por la consejería de Educación como uno de los elementos para evitar cumplir con el mandato judicial. Se da el caso, además, que el Síndic lleva meses con el mandato caducado sin que haya sido relevado de su puesto hasta la fecha

El día clave para el cumplimiento de la sentencia es el lunes 28 de marzo. En ese día los centros educativos de toda Cataluña, y por tanto también las escuelas e institutos de Barberà y Badia, deben contar con proyectos lingüísticos que cumplan con el mínimo del 25% de español como lengua vehicular. De lo contrario los responsables de estos centros incurrirían en un incumplimiento judicial susceptible de ser denunciado.

El PSC se opone, en un acuerdo con JxCat, ERC y comunes, a que el castellano sea también lengua vehicular

Ante esta situación se han reunido de urgencia los grupos de Junts per Catalunya, ERC, PSC y los comunes para llegar a un acuerdo conjunto. El resultado ha sido un documento que recoge modificaciones a la ley de 1998 para adaptarla a la nueva situación y poder cumplir la sentencia. Entre los cambios está el admitir al castellano como “lengua de aprendizaje”, pero manteniendo al catalán como única lengua vehicular, lo que contraviene al TSJC que establece el catalán y el castellano como lenguas igualmente vehiculares. Además, se deja a la elección de cada centro educativo la elección de las materias a impartir en español, sin que se especifique de qué forma se va a fiscalizar el cumplimiento de la Justicia.