17 dic 2021

Las escuelas de Barberà y Badia deben garantizar la enseñanza bilingüe para cumplir con la ley y los derechos lingüísticos de los alumnos

Sin duda, estos días van a pasar a la historia de la educación en Cataluña, y de cada uno de los municipios como Barberà y Badia, por la resolución del Tribunal Supremo que ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre la obligación que tienen los centros de enseñanza pública de ofrecer, al menos, el 25 por ciento de las asignaturas en castellano. De esta forma el Alto Tribunal quiere garantizar los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos de Cataluña, vulnerados por la política educativa, impuesta por la Generalitat, que excluye el español como lengua vehicular. Se trata de una sentencia que refleja el más elemental sentido común y de respeto a la Ley y a la inmensa mayoría de los catalanes y catalanas que hablamos, y amamos, tanto el catalán como el castellano, nuestras dos lenguas oficiales y principales. Y sin olvidar que en municipios como Barberà y Badia, como en tantos otros del área metropolitana de Barcelona, el español es la lengua materna mayoritaria de la población.

El nacionalismo, en sus vertientes política, social, académica y mediática, ha reaccionado de manera furibunda contra un derecho básico como es el de ser educado también en español en España, lo que demuestra no sólo la estrechez de miras y la cerrazón intelectual y moral de esta ideología, sino también lo antitética que resulta con la más mínima noción de democracia. Y la prueba más deleznable ha emergido en la persecución y señalamiento a la familia del niño de 5 años de Canet de Mar que ha pedido algo tan peligroso como que se cumpla la Ley. El hecho de que hasta un exprofesor de la Universidad Autónoma de Barcelona llamase a “apedrear” al niño y a su familia refleja la auténtica cara de quienes se han adueñado de todos los resortes de poder e influencia en Cataluña, incluidos, y muy especialmente, los centros educativos públicos.

Afortunadamente en Democracia la Justicia es, aunque lenta, imparable, y el Tribunal Supremo no ha hecho más que establecer que el Estado de Derecho en España aún funciona, a pesar de los ingentes recursos derrochados por el gobierno de la Generalitat para imponer un discurso y una lengua única. Y eso ya desde parvulario con la mal llamada inmersión lingüística, que no es más que la exclusión sistemática del castellano para crear una sociedad monolingüe, con la intención última de convertir a los alumnos en futuros militantes del secesionismo nacionalista. Algo que, por otro lado, ya se ha conseguido en parte, como demuestran los actos de coacción y violencia repetidos que se viven en la UAB, perpetrados por alumnos radicales y consentidos, sistemáticamente, por el rectorado de esa universidad.

Ahora toca felicitarse y exigir que se cumpla la Ley y los derechos de todos los alumnos en los centros públicos de enseñanza de Barberà, de Badia y de toda Cataluña. Un cumplimiento que deben llevar a cabo, en primer lugar, los directores de las escuelas e institutos de nuestras localidades, como responsables legales de los centros. Pero si algunos de éstos se negaren a hacer efectiva la sentencia, u obstaculizasen la acción de la Justicia, primero se debe saber que están cometiendo un delito de incumplimiento, pero sobre todo que los padres están en todo su derecho de reclamar sus derechos lingüísticos. Eso, precisamente, es lo que han estado haciendo entidades como la Asociación por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB), que durante años ha luchado, con una valentía inaudita, contra la maquinaria étnicolingüística de los sucesivos gobiernos de la Generalitat. Una maquinaria que comenzó a actuar de forma implacable ya en los años 80, provocando el abondono de Cataluña de miles de profesores por no cumplir con las exigencias lingüísticas del nacionalismo imperante, lo que constituyó un auténtico exilio de magníficos profesionales de la educación a otros lugares de España. Por eso la sociedad catalana les debe también un reconocimiento, como a todas las familias, asociaciones y maestros que han denunciado un sistema educativo injusto y lesivo en muchos aspectos.

Pero en estos momentos lo inmediato e imprescindible es el cumplimiento de la sentencia. Y la AEB ya se ha ofrecido a representar a los padres que deseen que en la educación en Barberà, en Badia, y en toda Cataluña, sencillamente se respete la Ley y la convivencia en una enseñanza bilingüe y democrática, capaz de formar a auténticos ciudadanos y ciudadanas libres, responsables y conscientes de sus derechos y de sus obligaciones. Porque la educación bilingüe en Cataluña no es sólo una riqueza cultural, didáctica y lingüística, la educación bilingüe es también nuestro derecho.